El documento establece que los asentamientos humanos en la zona se encuentran fuera de los límites del área protegida, por lo que el proceso de regularización no compromete el monumento natural. Con esta medida se procura dar seguridad jurídica a las familias, facilitarles acceso a crédito y fortalecer su patrimonio, sin afectar la conservación ambiental.
Fulcar defendió la iniciativa al señalar que se trata de “un acto de justicia social” y reiteró que no existe riesgo para las dunas. En paralelo, la resolución instruye al Ministerio de Medio Ambiente a redoblar la vigilancia frente a ocupaciones ilegales y extracción de arena en el área.
Con esta decisión, la Comisión legislativa buscó aclarar versiones encontradas sobre el tema, precisando que la medida se limita a terrenos habitados fuera del área protegida y que la preservación de las Dunas de Baní seguirá siendo prioritaria.
