Por Paul Mathiasen
Precisamente el 16 de agosto de 2020, Moisés Ayala Pérez se convirtió en el diputado más votado de su provincia en las elecciones de ese año, jurando como legislador de Barahona por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Cinco meses más tarde, el 28 de enero de 2021, el Ejército de la República Dominicana le adjudicó a Eco Petróleo un contrato de combustible a granel y tickets por RD$17,570,647. A partir de entonces, la empresa de la cual el hoy senador es accionista incrementó notoriamente su participación dentro de los procesos de compras del Estado.
Moisés Ayala actualmente es senador luego de haber “ascendido” desde la Cámara de Diputados en las últimas elecciones. Al asumir su nuevo cargo, en su segunda declaración jurada repitió un detalle sobre sus inversiones: consigna 65,000 acciones de la empresa Eco Petróleo Dominicana, adquiridas en 2010 y 2013 por un valor cercano a los RD$6.5 millones, monto que, aparentemente, corresponde a menos del 10% del capital social de la empresa, ya que obtuvo contratos sin ser suspendida hasta la implementación de la nueva legislación de contrataciones públicas.
Una revisión del expediente completo del proveedor RPE 60473 en el portal de la Dirección General de Contrataciones Públicas (Dgcp) muestra al menos 386 contratos por un monto aproximado de RD$1,902,641,132, adjudicados por distintas instituciones públicas. Todos posteriores a enero de 2021.
Aunque el senador de Barahona es quien más se ha beneficiado por sus inversiones, no es el único que jugó con la ventana que ofrecía la antigua Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones.
La declaración jurada de patrimonio que Ginette Bournigal depositó al ratificarse como senadora de Puerto Plata el pasado 16 de agosto de 2024 tiene varios renglones en su sección de participación societaria, apareciendo en los dos últimos el nombre de “Turinotv, SRL”.
Allí se ve que la senadora tiene 94 acciones o cuotas y su esposo 900; ambas inversiones hechas en fecha 20 de marzo de 1990. Sin embargo, en sus dos declaraciones juradas previas (2016 y 2020), la empresa Turinortv no aparece registrada.
La empresa de la cual es accionista la senadora fue una de las suspendidas por la Dgcp recientemente ante la promulgación de la nueva Ley 47-25. A pesar de este cambio, pudo beneficiarse de al menos tres procesos de compra.
Entre los años 2024 y 2025, a Turinortv se le adjudicaron contratos para la colocación de publicidad estatal por parte del Ministerio de Turismo, en dos ocasiones, y de la Dirección de Prensa del Presidente, todo por un monto total de RD$535 mil.
En la lista de legisladores también aparece Antonio Marte, representante de Santiago Rodríguez en la Cámara Alta, quien es accionista de la empresa “Asetran, SRL”, la cual obtuvo varios contratos con distintas instituciones públicas.
Durante su primer período como senador (2020-2024) a la empresa le fueron adjudicados al menos ocho contratos por un monto total de RD$793,099, en procesos realizados por la Dirección General de Pasaportes; el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados; Programa Supérate; Servicio Geológico Nacional y los Institutos del Café y de Administración Pública.
Dentro de las empresas a las cuales les fue suspendido el registro, también aparece “Comercial La Sidra, SRL” de la cual Antonio Marte también es accionista. Sin embargo, a diferencia de la otra, a esta solo se le adjudicaron dos contratos cuando el hoy legislador aún se encontraba fuera del Congreso.
