Barahona. La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió el Registro de Proveedores del Estado (RPE) del senador por Barahona, Moisés Ayala Pérez, como parte de una medida administrativa que también alcanzó a otros nueve legisladores y un total de 11 empresas vinculadas a senadores de distintas provincias del país.

La decisión fue adoptada el pasado 19 de junio en cumplimiento de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, vigente desde enero de este año, la cual establece un régimen de inhabilidades para funcionarios electos y designados que mantengan participación en empresas proveedoras del Estado.

Según informó la DGCP, la nueva legislación prohíbe que los funcionarios de elección popular sean socios de empresas contratistas del Estado, sin importar el porcentaje de participación accionaria, además de impedirles desempeñar funciones de dirección, gerencia o integrar consejos de administración mientras permanezcan en el ejercicio de sus cargos.

La institución aclaró que la suspensión del RPE no constituye una sanción administrativa, sino una medida preventiva orientada a garantizar el cumplimiento de la normativa y preservar la integridad del Registro de Proveedores del Estado.

Además de Moisés Ayala Pérez, la medida incluye a los senadores Santiago José Zorrilla Sena (El Seibo), Jonhson Encarnación Díaz (Elías Piña), Carlos Manuel Gómez Ureña (Espaillat), Ginnette Bournigal (Puerto Plata), Gustavo Lara Salazar (San Cristóbal), Daniel Rivera Reyes (Santiago), Bernardo Alemán (Montecristi), Casimiro Antonio Marte Familia (Santiago Rodríguez), quien figura con dos registros suspendidos, y Alexis Victoria Yeb (María Trinidad Sánchez).

La DGCP explicó que previamente otorgó un plazo de 15 días hábiles para que los funcionarios comprendidos en las causales de inhabilidad solicitaran voluntariamente la suspensión de sus registros. Agotado ese período, procedió a ejecutar la suspensión de oficio, conforme al Reglamento de Aplicación de la Ley 47-25.

La entidad indicó que, desde la entrada en vigor de la nueva legislación, ha suspendido 81 registros de proveedores pertenecientes a funcionarios electos y designados, mientras que entre 2020 y 2025 fueron suspendidos 591 registros bajo las disposiciones de la derogada Ley 340-06.